La República Dominicana recibió más de 10.3 millones de visitantes internacionales en 2024 y el turismo aportó el 16.1% del PIB. Las cifras son espectaculares. El problema es la paradoja que pocos se atreven a nombrar: las comunidades que sostienen el turismo viven con una calidad de servicios básicos que contrasta con la oferta de lujo que el país promueve al mundo.
El préstamo de $400 millones para resolver el déficit de agua y saneamiento en Punta Cana-Bávaro es la evidencia más elocuente. La región con más de 90,000 habitaciones hoteleras no tiene un sistema de agua potable a la altura de su escala. Los trabajadores que mantienen esos hoteles viven en barrios a menudo sin agua corriente confiable.
“No puede ser que el país que recibe más de 10 millones de turistas al año tenga que pedir un préstamo de $400 millones para que Punta Cana tenga agua potable digna.”
El modelo turístico dominicano se construyó sobre el paradigma del enclave: grandes complejos autosuficientes rodeados de comunidades que reciben una fracción pequeña de la derrama económica. Las zonas francas turísticas minimizan la contribución tributaria de las empresas hoteleras al presupuesto nacional.
No propongo acabar con el turismo; propongo modernizarlo. Los grandes operadores turísticos internacionales deben contribuir proporcionalmente a la infraestructura de las comunidades en que operan, mediante regímenes fiscales revisados o fondos de desarrollo comunitario obligatorios.
La noticia del homeport de cruceros en La Romana es positiva. Pero cabría preguntarse: ¿cuántos de los $120 millones adicionales llegarán a los bolsillos de los vendedores locales y guías turísticos? Mientras no haya respuesta satisfactoria, las estadísticas serán brillantes y la justicia social, pendiente.
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