El presidente Luis Abinader sometió al Congreso Nacional una propuesta de contratación de préstamo externo por $400 millones para financiar proyectos críticos de agua potable y saneamiento en la región turística de Punta Cana-Bávaro, en la provincia de La Altagracia. El financiamiento proviene del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), con un plazo de amortización de 25 años y una tasa de interés del 2.8% anual.
La iniciativa responde al déficit crítico de infraestructura hídrica que enfrenta la zona turística más visitada del Caribe, que recibe más de 5.2 millones de visitantes internacionales al año y concentra más de 90,000 habitaciones hoteleras. Los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario actuales, que datan de finales de la década de 1990, operan al borde de su capacidad y representan un riesgo para la sostenibilidad del modelo turístico de la región.
“Punta Cana no puede seguir creciendo sin una infraestructura de agua y saneamiento a la altura de su proyección internacional. Esta inversión es un imperativo económico y sanitario.”
El proyecto contempla la construcción de dos plantas de tratamiento de agua potable con capacidad para 220,000 metros cúbicos diarios, una red de distribución de 340 kilómetros, un sistema de alcantarillado sanitario para 180,000 conexiones domiciliarias y una planta de tratamiento de aguas residuales con capacidad para 150,000 metros cúbicos diarios. Las obras generarán aproximadamente 4,500 empleos directos durante la fase de construcción y beneficiarán a una población de más de 350,000 personas, incluyendo residentes permanentes, trabajadores del sector y turistas.
El sector hotelero y turístico de Punta Cana-Bávaro recibió la iniciativa con entusiasmo. La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES) señaló que la inversión en infraestructura hídrica es un prerequisito para la expansión de nuevas habitaciones y para la sostenibilidad de las certificaciones ambientales que exigen los grandes operadores turísticos internacionales.
La comisión bicameral que analizará el proyecto tiene un plazo de 30 días para emitir su dictamen. El gobierno espera que los fondos sean desembolsados en el tercer trimestre de 2026, con inicio de obras en el primer semestre de 2027 y un horizonte de ejecución de cuatro años.
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